La respuesta fue corta y concisa: "No podremos responder dentro de los 23 días solicitados por el tribunal chileno. Generalmente, esa solicitud tarda entre tres y seis meses. Además, la solicitud fue erróneamente enviada a otra oficina y no a la de Asuntos Jurídicos". El documento está dirigido al 30º Juzgado Civil de Santiago, hasta donde el empresario Juan Bilbao acudió para pedir que Alejandro Weinstein declare por exhorto en Estados Unidos sobre los hechos que desencadenaron la multa por US$3,2 millones por uso de información privilegiada en la compra de ADRs de CFR Pharmaceuticals que le aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) en 2015.
El documento lleva la firma de Jeanne E.Davidson, del Departamento de Estado de Estados Unidos y está anexada al segundo tomo del caso que desde el 16 de diciembre de 2015 conduce ese tribunal, luego de que el ex presidente de Consorcio, Juan Cruz Bilbao Hormaeche (60), decidera reclamar contra la sanción por UF 90.000, una de las más altas aplicadas por el regulador chileno.
Bilbao incluso acudió al Tribunal Constitucional en 2018 con un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de la sanción. El empresario sostenía que la multa era mayor a lo que la misma ley establecía (un máximo de 75 mil UF). Pero perdió y reforzó la batería judicial que ha desplegado, con el fin de dejar sin efecto la sanción o que se la rebajen, porque -entre las razones esgrimidas en su defensa- la multa no estaría fundada en hechos comprobables, vulneraría principios jurídicos internacionales ("non bis in ídem"), o apenas configuraría una infracción.
El 30 de diciembre pasado, la Corte Suprema recibió un memo del director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Álvaro Arévalo, indicando que el embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva Navarro informaba de la negativa norteamericana al exhorto. En su nota, el diplomático explicaba que el Departamento de Estado de Estados Unidos además de exigir el cumplimiento de una serie de formalidades, pedía que se usara el rol o número que el Departamento de Justicia de ese país le asignó al caso, dado que Juan Cruz Bilbao fue multado allá en 2014 por esta misma situación. "Nótese que el Departamento de Estado solo proporcionó una carta conductora con varias respuestas del Departamento de Justicia...", dice el memo. En resumen, el exhorto estaba mal hecho y hay que enviarlo de nuevo.
La defensa de Bilbao es liderada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre del estudio Claro & Cía., quien hasta el cierre de esta edición no pudo ser contactado.
La CMF, en tanto, es representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Juan Bilbao, Empresario, exdirector de CFR, multado por uso de información privilegiada en 2015. Alejandro Weinstein, Empresario, excontrolador de CFR. Actualmente reside en Estados Unioos .
Interrogación en Greenwich
El 22 de diciembre de 2014, la Securities & Exchange Commission (SEC) formuló cargos contra Bilbao por haber usado información privilegiada para comprar acciones de CFR siendo director de la firma y presuntamente estando en conocimiento de que la farmacéutica estadounidense Abbott lanzaría una oferta por US$ 3.330 millones sobre la chilena a principios de ese año.
El 22 de octubre de 2015, Bilbao logró un acuerdo con el regulador estadounidense, comprometiéndose a pagar unos US$ 10 millones por las ganancias obtenidas en la operación cuestionada. No admitió haber usado información privilegiada.
Un mes después, el 26 de noviembre de 2015 el regulador chileno multó también al empresario, quien ha negado todos los cargos. Su defensa se ha centrado en que Bilbao dio la orden de compra de los papeles de CFR a Tomás Hurtado -encargado de sus inversiones- varios días antes del 10 de marzo de 2014, fecha en que el directorio de la farmacéutica formalmente se habría enterado de la oferta de Abott.
Por eso, el exhorto pide que Alejandro Weinstein, quien en 2014 era el controlador de CFR, declare como testigo en su domicilio de Greenwich (Connecticut), una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. "El señor Alejandro Weinstein Manieu es un testigo directo de hechos en los que se fundan las alegaciones de ambas partes, además de haber sido interrogado en dos ocasiones por la Superintendencia de Valores y Seguros durante el procedimiento administrativo que culminó con la imposición de la multa reclamada", justifica la rogativa a la justicia norteamericana.
Según los documentos del caso, la declaración de Weinstein "permitirá que se arroje luz en el proceso sobre una serie de circunstancias que fueron totalmente pasadas por alto en la causa que llevó a la aplicación de la referida multa", indica uno de los escritos firmados por el abogado Eyzaguirre.
Fuentes allegadas al caso dijeron a este diario que la pretensión de Bilbao es demostrar que Weinstein –de quien era amigo- jamás le adelantó algo sobre la inminencia del meganegocio.
Insistir o citar a "oír sentencia"
A eso también apunta la declaración que como testigo entregó a fines de diciembre de 2018 su abogado personal, José Antonio Urrutia Riesco. En su fundo en Río Bueno, el profesional aseguró que "a fines del mes de febrero del año 2014 el señor Bilbao, a quien yo le veo temas legales, visitó mi campo ubicado en esta comuna y en una comida me comentó que él había comprado acciones en la primera emisión de acciones de CFR que luego las había vendido y que ahora las quería volver a comprar, dado el buen desempeño que estaba teniendo la empresa. Si mal no recuerdo, esta conversación se produjo la noche del 26 o del 27 de febrero y el señor Bilbao antes de irse del campo el día 1 de marzo me comentó que ya había dado la orden para retomar su posición en CFR, comprando acciones".
Cuando le preguntaron a Urrutia cómo recordaba con tanta precisión todas esas fechas respondió: "Las recuerdo con precisión, dado que yo volví a Santiago el día primero de marzo y la visita del señor Bilbao fue durante los últimos días de mi estadía en el campo".
Según la investigación, la defensa de Bilbao también pidió que se tomara declaración en España al abogado chileno Jesús María Silva Sánchez, domiciliado en Barcelona. Fuentes ligadas al caso explicaron que esa solicitud busca apuntalar la estrategia del empresario de defender su inocencia y el principio jurídico del "non bis in ídem", de que habiendo sido sancionado ya en Estados Unidos por los mismos hechos, no debería volver a ser encausado en Chile. Además, este experto es autor de un informe donde sostiene que no hubo delito de uso de información privilegiada.
En enero, Cristóbal Eyzaguirre pidió al tribunal insistir con los exhortos, por considerar que se trata de diligencias "estrictamente necesarias para la acertada resolución de la causa" y que, si no, se citara "a las partes a oír sentencia".
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